Sistema Nacional de Inteligencia estaría bajo las órdenes del Poder Ejecutivo

Sistema Nacional de Inteligencia estaría bajo las órdenes del Poder Ejecutivo

  • Sería el órgano rector del Dintel, J-2, G-2, A-2 y M-2

SANTO DOMINGO,RD.- El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dio a conocer a la opinión pública el envío de un proyecto de ley al Senado para transformar y poner límites al Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, disperso en múltiples instituciones, incluyendo al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

El primer artículo de la propuesta enviada al Congreso transformaría al DNI en la Dirección Nacional de Inteligencia, para que ésta sea el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia y coordine a todas las demás entidades, bajo las órdenes directas del presidente de la República. La actual Ley 857, del año 1978, creó al DNI como una dependencia de las Fuerzas Armadas.

En la propuesta de ley, que deberá discutirse en las cámaras legislativas, se establece que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia será nombrado y destituido libremente por el presidente, y las informaciones, análisis y estudios que realice tendrían como destinatario al Poder Ejecutivo.

Entre sus funciones, incluye responder a “cualquier requerimiento de inteligencia que le solicite el Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de los fines esenciales y los objetivos permanentes del Estado”

Peralta explicó que la Dirección Nacional de Inteligencia tendría bajo regulación, vigilancia y control a la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa (J-2), la Dirección de Inteligencia del Ejército de la República Dominicana (G-2), la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de República Dominicana (A-2), la División de Inteligencia Naval (M-2) y cualquier otro organismo de la misma naturaleza.

La pieza legislativa establece en su artículo 4 que la Dirección Nacional de Inteligencia deberá actuar respetando el marco constitucional vigente y los derechos fundamentales, y la autoriza a recopilar y procesar información relevante, y evaluar amenazas internas y externas.

El Párrafo II del artículo 10 lo autoriza a “desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia sobre personas o entidades, para lo cual podrá recabar la colaboración precisa de entidades, organismos e instituciones públicas y privadas”.

Del mismo modo, “podrá disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas, pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de su expedición, las identidades, matrículas y permisos reservados que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus actuaciones”.

Establece la obligatoriedad de las entidades públicas para que informen a la nueva Dirección, “sin demora”, sobre cualquier información que llegue a sus manos y que sea relevante para la seguridad nacional.

Clasifica como reservadas o confidenciales sus actividades, así como su organización y estructura interna, y prohíbe su divulgación.

Le faculta para cooperar con el Ministerio Público, en caso de que este lo requiera, pero sólo cuando la Dirección Nacional de Inteligencia lo considere necesario, en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa.

A diferencia de la 857, que apenas cuenta con 8 artículos, el proyecto remitido al Senado es específico en cuanto a las funciones de la institución que se crearía. La principal es “investigar cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado, subvierta el Estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional”.

El Consultor Jurídico explicó que, desde la dictadura de Trujillo, con el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), los servicios de inteligencia han sido un dolor de cabeza para la sociedad por una serie de incursiones que implican violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que se hace necesario regular sus actuaciones.

Peralta dijo que el actual DNI ha introducido una serie de reformas para adecuarlo a las leyes e inducirlo al respeto a la ciudadanía, lo que el presidente Abinader ha querido que se convierta en ley.

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