Defensa Rodríguez muestra al tribunal origen de sus bienes

Defensa Rodríguez muestra al tribunal origen de sus bienes

La defensa técnica de Roberto Rodríguez desglosó ayer en un tiempo récord de menos de tres horas la procedencia lícita del patrimonio millonario del imputado en los sobornos de Odebrecht; solicitó al tribunal su absolución por falta de pruebas, y que se condene al Ministerio Público al pago de las costas “ por haber litigado con temeridad” en el presente caso.

En el preámbulo de sus conclusiones, el abogado Claudio Stephen hizo alusión al delicado estado de salud agravado desde el 2012 por “Depresión mayor sicótica”, según diagnóstico médico, que lo obligó a renunciar su curul en la Cámara de Diputados tres meses después de haber sido electo en el 2016.

Respecto de las imputaciones que le hace el MP en base a la Ley 82-79, de supuestamente falsear su declaración jurada y de enriquecimiento ilícito, la defensa del exdirector del INAPA señaló que ambos tipos penales no aplican para esa norma sino para la Ley 311-14, además de que el órgano acusador confunde los términos “falsear” con “omisión ”.

Indicó que de conformidad con la ley, las sanciones por omisión, en la que pudo haber incurrido Rodríguez por su condición de salud, son de carácter administrativas; y que solo por delito de falseamiento conllevan prisión de 1 a 2 años, y pago de multa de 20 a 40 salarios mínimos del Estado.

“Gana la diputación en el 2016 y dura solo tres meses porque no podía asistir a los trabajos de la Cámara de Diputados. Imagínenlo llenando una declaración jurada en el 2016, cuando todos sabemos que la depresión afecta la memoria, hay desconexiones con la realidad; no le conviene parecer más pobre o menos rico de lo que era. No tiene lógica”, subrayó Stephen.

ORIGEN DE BIENES
Las pruebas presentadas dicen de dónde obtuvo el imputado los bienes declarados en el 2016, es una cuestión de suma y resta, “no de lo que dice la defensa ni Roberto Rodríguez, pero el MP nunca le hizo un requerimiento formal para que la explicara” indicó Stephen.

Dijo que como director del INAPA (2000-2004) Rodríguez generó en salarios un total de RD$ 3,570,976; vendió inmuebles a Víctor Méndez Capellán por RS$7.8 millones; por venta de ganado obtuvo RD$ 7 millones; como Senado los salarios ascendieron a RD$ 12.7 millones; de IMPREFONDO (Instituto para auxilio de los legisladores) RD$3,5 millones del 2013 al 2016, y de la Cámara de Diputados casi $900,000, para un total de RD$35 millones, los que sumados a los RD$20 millones del 2004, totalizan RD$55 millones.

INVERSIONES
Con ese dinero, de acuerdo con la defensa, el imputado compró inmuebles y vendió uno en La Romana a una empresa del ingeniero Ernesto Izquierdo por USD700,000; y otro en el sector Los Cacicazgos en esta capital, al ingeniero Samir Risek, por USD1,100,000. Ambos depusieron como testigos a descargo en el tribunal.

Agregó que luego Rodríguez se asoció al ingeniero Carlos Bonilla con un aporte de USD800,000 y empezaron a desarrollar la Terraza del Caribe en San Isidro, un proyecto de apartamentos de bajo costo en el que se beneficiaron de fideicomiso y no pago de ITBIS.

Así nació la compañía Terraza San isidro, y hace ese primer proyecto Terraza del caribe con casi 200 unidades, y a partir de ahí empiezan a recibir los iniciales de las personas que compran en plano y luego los financiamiento de esas personas.

“Fue tan exitoso, según dijo Bonilla, que dio para iniciar un segundo proyecto”, agregó Stephen.

UNA DUDA RAZONABLE
La defensa de Rodríguez sostuvo que aparte de que la “omisión” en la declaración jurada no es penal, una duda razonable de lo que le habría pasado a Rodríguez para hacerlo fue que “fue displicente, estuvo cansado de decir los bienes”, porque incluso logró declarar una propiedad en La Romana que no era suya.

Pidió además al Tribunal declarar No culpable a Rodríguez, ordenar el cese inmediato de toda medida de coerción que pesa sobre el imputado y sus bienes; y que en en el hipotético caso de que sus conclusiones no sean acogidas, rechace cualquier variación de medida de coerción solicitada por el MP.

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