La disposición presidencial tiene como propósito que, a través de convocatorias especiales destinadas exclusivamente a las mipymes industriales, éstas eleven sus niveles de productividad, calidad, competitividad y generen más y mejores empleos y a la vez puedan contribuir con la reducción de la pobreza.

En el encuentro hablaron el ministro del MICM, Víctor -Ito- Bisonó y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, entre otros.

El decreto 31-22 dispone que toda institución pública encargada de programas de alimentación, alivio de la pobreza, protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y adolescentes, en especial en áreas rurales deprimidas y la zona fronteriza, adquieran bienes producidos en el territorio dominicano fabricados por micro, pequeñas y medianas industrias.

En la reunión encabezada por Bisonó y Pimentel, participaron también Ulises Rodríguez, director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), y Lorenzo Ramírez, director del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), ambas instituciones con mandatos operativos en el decreto.

Además, participaron el mayor general Eduardo Alberto Then, director de la Policía Nacional; Edgar Augusto Féliz Méndez, director de los Comedores Económicos; Víctor Castro Izquierdo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE); Iván José Hernández Guzmán, director Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

También Rolfi Domingo Rojas Guzmán, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; Ángel de la Cruz Hernández, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial; y Wendy Castillo, encargada de Finanzas de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Otros fueron Margarita de los Santos, directora de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED); Leonel Cabrera, presidente del Consejo de Compras y Contrataciones Instituto de Auxilios y Vivienda (INAVI), entre otros.

En la reunión se explicaron y se dieron a conocer cada uno de los requisitos que las mipymes industriales deberán cumplir para participar, entre estos están contar con un Registro Industrial vigente emitido por Proindustria; tener una Certificación mipymes emitida por el MICM; contar con el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la DGCP, entre otros.

Otras exigencias que indica el Decreto 31-22 es que las mipymes demuestren tener capacidad, en volumen y calidad, para suministrar los bienes demandados por las instituciones públicas contratantes, y que cumplan con las normas o reglamentos técnicos nacionales exigidos en los pliegos de condiciones.

El Plan de Implementación del Decreto 31-22 establece que las acciones necesarias para la aplicación del mismo se pondrán en marcha durante el período febrero-mayo del 2022, por lo cual se creó la mesa de trabajo para implementación y monitoreo. Dentro de las acciones anunciadas se encuentra la elaboración de un instructivo que establecerá los procedimientos, reglas, pautas, y que brindará orientaciones a los comités de compras para cuando realicen una convocatoria en virtud del decreto. Igualmente, se establece la elaboración de un catálogo de los productos manufacturados por las mipymes industriales dominicanas proveedoras del Estado, y la creación de una lista de los bienes industriales comunes demandados por las instituciones contratantes en el marco de los programas de alivio a la pobreza.

Contempla también la actualización de las normas, políticas, directrices y guías complementarias según las competencias de las instituciones correspondientes.