Las polémicas escuelas cívico-militares de Bolsonaro intentan colarse en Sao Paulo

La decisión de Lula da Silva, sin embargo, fue a nivel federal, por lo que se han visto afectadas solo las escuelas que operan con financiamiento gubernamental y no impide que los estados adopten ese modelo.

¿Militarizar 100 escuelas?

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro y posible candidato a las elecciones de 2026, sancionó en mayo un polémico proyecto de ley para implementar estas escuelas en la red pública. 

La propuesta fue aprobada previamente por la Asamblea Legislativa en una sesión marcada por la agresión y detención de estudiantes que protestaron en contra de la votación.

El plan del gobernador es militarizar 50 escuelas el próximo año y otras 50 en 2026.

Inspirado en el modelo que ya funciona en el estado de Paraná, De Freitas propone que la docencia esté compuesta por militares, que se encargarían de la disciplina de los alumnos, y profesionales de la educación.

En una carta defendiendo la propuesta, el secretario de Educación de Sao Paulo, Renato Feder, aseguró que los escolares decidirán si participan o no en el programa y que se priorizarán a las instituciones «ubicadas en regiones con mayor incidencia de criminalidad». 

Feder detalló que los valores de las escuelas serán similares a los de las instituciones militares y que se incentivará a los alumnos a respetar «la patria, los símbolos nacionales y los derechos y deberes de la ciudadanía». 

Protestas del sector educativo

Un planteamiento que no ha calado dentro del sector educativo.

El Sindicato de Profesores de Educación Oficial del Estado de Sao Paulo llamó a un movilización para impedir que salga adelante el proyecto.

«[Manifestarse] para que no se paguen salarios superiores a los de los docentes al personal militar retirado; para que las mentes de nuestros niños y jóvenes no estén formateadas según el pensamiento único del militarismo», indicó en una nota. 

En el mismo sentido se manifestaron los estudiantes: «La militarización no coincide con una escuela diversa, democrática y crítica, pilares fundamentales para el desarrollo educativo de cualquier persona». 

Por su parte, el Ministerio Público Federal consideró que el proyecto de ley «viola el modelo de educación nacional previsto en la Constitución Federal».

El magistrado Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ha dado diez días para que el Gobierno de Sao Paulo brinde aclaraciones sobre el programa.