EE.UU. se prepara para aliviar sanciones petroleras impuestas a Venezuela

EE.UU. se estaría preparando para emitir pronto una licencia general destinada a aliviar parcialmente las sanciones impuestas por ese país contra la industria petrolera venezolana, reporta Reuters, que cita a tres fuentes familiarizadas con la iniciativa.

La agencia de noticias apunta que se trata de un cambio en relación con la política de exenciones individuales que le permitió a algunas compañías estadounidenses como Chevron hacer negocios con Caracas, pese a las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro.

Según funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca consideró el relajamiento de algunas medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela para allanar el camino hacia un acuerdo de suministro de crudo estimado en 2.000 millones de dólares, así como para poner en marcha un plan de rehabilitación de las infraestructuras petroleras en territorio venezolano cifrado en unos 100.000 millones de dólares, en interés de revertir los deterioros derivados de más de una década de coerciones draconianas.

De momento, solo se conoce que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) alcanzó un acuerdo con EE.UU. para la comercialización de «volúmenes de crudo», en apego a la legislación vigente y sin menoscabo de los beneficios que le corresponden a la parte venezolana.

Asimismo, la semana previa, la presidenta encargada del país bolivariano, Delcy Rodríguez, informó que ingresaron a las arcas públicas los primeros 300 millones de dólares procedentes de esas transacciones.

Reforma legislativa

El pasado 15 de enero, a propósito de la presentación de su discurso anual ante la Asamblea Nacional, Rodríguez presentó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar al marco jurídico formal esquemas que resultaron funcionales para evadir las sanciones estadounidenses, particularmente los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP).

El objetivo terminal de los cambios es incrementar la producción por medio de la captación de capital extranjero sin cesión de la soberanía, pues el Estado venezolano continuará ostentando la propiedad de los yacimientos y los particulares deberán asumir los riesgos de su inversión.

El énfasis estará en los campos vírgenes –aún no explotados– y en aquellos cuya explotación fue abandonada por motivos varios, pero que siguen siendo económicamente relevantes.

A este respecto, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, estimó en 50.000 millones de dólares la inversión necesaria para que la nación bolivariana, que posee las mayores reservas petrolíferas del mundo, aumente «exponencialmente» su producción, hasta alcanzar unos cinco millones de barriles diarios.

«Es verdad que en 108 años, Venezuela ha consumido 78.000 millones de barriles, pero hay que decirlo: al día de hoy, Venezuela registra su mayor pico de reservas […].

¿Se dan cuenta que es un país atractivo para invertir, para producir y en un marco de seguridad jurídica?», refirió la mandataria en la víspera, en una consulta pública para la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde se argumentó la necesidad de aprovechar la cuantía de las reservas petroleras para generar ingresos destinados a mejorar la calidad de vida de la población y restañar las heridas dejadas por más de una década de sanciones.