Líos de vehículos y empleados en el MOPC

La duplicidad de empleados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la compra de vehículos registrados sin matrículas y sin placas son dos prácticas ilegales que se vienen repitiendo según 4 auditorías de la Cámara de Cuentas realizada a la institución desde el 2008 al 2015 y que debemos erradicar pues se trata de privilegios y de uso de bienes públicos.

En la auditoría a la gestión de Víctor Díaz Ruas 2011-2012 publicada dos años después en 2014, se encontraron 45 empleados y pensionados que figuran en la nómina de otras dependencias y 51 vehículos: 6 Isuzu, 2 Ford, 1 Daihatsu, 22 Mazda, 9 Nissan y 11 Toyota, sin matrículas ni placas que transitan con placas en desuso, prestadas o S/P de servicios públicos.

Sin embargo, en otra auditoría del 2013-2015 publicada 3 años después en el 2018, de la nómina de empleados fijos, contratados, militares y pensionados, la CC escogió una muestra de 97 empleados y encontró 18 que están duplicados. Están cobrando 6 en el Ministerio de Industria y Comercio, 6 en Agricultura, 3 en el Ministerio de Interior y Policía, 1 en el IAD, 1 pensionado y 1 de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre OTTT.

Además, se encontró 23 vehículos registrados sin matriculas, 11 con placas y 12 con placas S/P. Se trata de vehículos debidamente identificados. 5 camionetas Marca Mazda, 5 rodillos Ingersoll Rand, 3 palanca-cargadoras Caterpillar, 1 pavimentadora, 1 motoniveladora, 1 buldócer (Caterpillar), 3 Toyota, 1 camión Volteo Internacional, 1 Isuzu, 1 Ford y 1 Nissan.

¿Qué dijo el MOPC en su respuesta?. De esos vehículos, se encontraron 13 matrículas en los archivos. Otros tantos no tienen matriculas pues vienen de otras instituciones sin documentos. Además, hay 6 vehículos pendientes de pagos en Viamar y Santo Domingo Motors y que recibieron 8 matrículas requeridas de la concesionaria y 4 matriculas que retiró el BR para endorso.

Puras mentiras

Aunque estos vehículos están asignados 7 a San Juan, 4 a la Comisión Militar y Policial, 5 a Azua, 2 a Loma de Cabrera, 1 a San Cristóbal, 2 a Edificaciones Escolares, 1 a Monte Plata y 1 a la sede central. Y aunque es obligatorio conservar y registrar las copias u originales, no la tienen todas.

A pesar de la defensa y explicaciones del MOPC, se mantuvo la denuncia de la Cámara de Cuentas. Y al cierre de la investigación solo pudieron entregar 6 matrículas de las que estaban en proceso y pendientes de pagos en el concesionario. 4 matrículas las entregó Viamar y 2 Santo Domingo Motors. Pero se quedaron 17 vehículos que compró el MOPC registrados sin matriculas o sin dueños.

Todavía hoy hay muchos empleados duplicados, a pesar de que la CC no pública fiscalización interna desde el 2016. Pero hay denuncias en pueblos de pensionados que cobran en instituciones. Y una indagatoria que hizo Nuria Piera a Isabel Marte encontró que esta empleada cobra en la Dirección de Pasaportes y también en el Instituto Nacional del Tabaco.

La ocurrencia de estas irregularidades es tanta que a lo interno de las instituciones podrían haber negocios de comprar vehículos a empresas privadas y dejarlos a nombre del concesionario o de personas con el fin de declararlos robados, vendidos o desguazados, apropiarse y hacer dinero.

Sé que muchos llaman hábiles a quienes desvíen vehículos públicos y a los empleados que tienen dos o tres puestos de trabajo. Pero aun sin estar incluidos los empleados que cobran en el exterior y aquí desde su casa. Imagínese que esto pase en todas las instituciones descentralizadas, públicas y autónomas. Es mucho el dinero que nos sacan de los bolsillos.

Tras estos líos que hoy se dan en el MOPC y en otras instituciones pero que mañana pueden agudizarse y extenderse, debemos llamar la atención de la Contraloría para que cumpla sus atribuciones de controlar la legalidad, adecuar la recaudación y manejar debidamente la inversión pública.

La Cámara de Cuentas debe hacer más eficiente el control externo, ampliar las auditorias para vigilar mejor el presupuesto y dar a conocer los resultados de la fiscalización con menos retrasos, pues los efectos pierden validez.

La Digeig tiene que exigir a los departamentos de recursos humanos de las instituciones públicas que publiquen sus nóminas con el nombre del empleado en orden alfabético para facilitar la fiscalización social.

Pero sobre todo, debemos demandar una explicación al ex ministro Gonzalo Castillo de estas apropiaciones indebidas. Y al nuevo incumbente que cumpla la ley de castigar la sustracción de bienes públicos e impida que funcionarios públicos perciban salarios con cargo al Estado, distinta a la de su puesto.

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