Guido Gómez Mazara denuncia Procuraduría aprovechó Navidad para a

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SANTO DOMINGO, RD.- El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara y el doctor Domingo Rojas denunciaron hoy que la Procuraduría General (PGR) archivó  definitivamente la investigación concerniente a la acusación de soborno contra el señor Andrés “Andy” Dauhajre Nader,  presuntamente «por operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht».

En ese sentido, Gómez Mazara y Rojas solicitaron formalmente por ante el juzgado de la instrucción, objetar la decisión de la Procuraduría General (PGR) de archivar definitivamente la investigación.

 En una nota de prensa enviada a este medio, señalan que para  el abogado y profesor universitario y representantes de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc se torna sospechoso y señal inequívoca de complicidad que el día 26 de diciembre del año recién finalizado la PGR notificara un “archivo definitivo” del proceso de investigación pretendiendo que el poder político sirva de cobertura de todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.

 Señalaron que han sido los mismos delatores de todo el proceso de ODEBRECHT los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos, y en el caso de Punta Catalina, es necesario recordar la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra.

Gómez Mazara y Domingo Rojas advirtieron que colocar el archivo en una fecha como la última semana de diciembre revela la intención mañosa fundamentada en el plazo de cinco (5) días hábiles para atacar la decisión, como ellos lo hicieron, vía un recurso de objeción que deberá conocerlo un juez de la instrucción.

Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones por lo que estableció que el archivo definitivo es un acto de protección vulgar y complicidad del poder político deseoso de amparar al economista Dauhajre, a lo que ningún juez de la instrucción se prestará.

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