El Estado dominicano debe 1,041% más que hace dos décadas

La deuda pública de República Dominicana ha multiplicado once veces su monto durante los últimos 20 años, y la dificultad de hacer frente a los compromisos financieros convierte al país en el tercero de América Latina que más paga intereses respecto a sus ingresos tributarios, después de Costa Rica y Argentina.

La observación la contiene el informe “Evolución de la deuda pública en la República Dominicana”, elaborado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

El documento analiza la trayectoria seguida por el incremento de la deuda pública consolidada, así como la composición de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) y el gasto de intereses en relación a los ingresos tributarios desde 2000 a enero de 2020.

La deuda del sector público consolidado ha aumentado US$46,319.6 millones respecto a los US$4,447.9 millones que debía el Estado dominicano veinte años atrás, para situarse en US$50,767.5 millones en la actualidad. En otras palabras, la deuda incrementó un 1,041%, once veces su valor original para el año 2000.

Del total a pagar a enero, US$38,454.1 millones corresponden al Sector Público No Financiero (SPNF) y los restantes US$12,313.4 millones provinieron de los pasivos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), por lo que el 75.7% de los compromisos financieros recayeron sobre el SPNF.

El informe destaca que el sector con el monto de deuda más elevado ha presentado una reducción progresiva en deudas provenientes de préstamos extranjeros, y un incremento en deudas internas. Así, si hace dos décadas atrás, la deuda externa del sector público no consolidado, valorada en US$2,765.9, correspondía el 85.6% del total de las obligaciones financieras del SPNF, en la actualidad corresponde al 67.2%, con un valor de US$25,851.8.

Al analizar las cifras del sector público consolidado como parte del producto interno bruto (PIB), las gráficas muestran que representó el 55.3% del PIB en el primer mes del año. Es decir, que el valor del déficit respecto al PIB ascendió 36.8 puntos porcentuales. Hace dos décadas constituía el 18.5%.

Además de la comparación ofrecida con estos valores, el informe contempla un estudio del cociente de los pagos de intereses sobre los ingresos tributarios, como un indicador más preciso de la sostenibilidad fiscal del país, tomando en cuenta que un incremento en el gasto de intereses resulta más relevante porque la deuda se paga con los impuestos recaudados y no con el PIB.

Indica que en 2019 el pago de los intereses tributarios fue de un 24.1%, ascendiendo 13.4 puntos porcentuales respecto al 2008, cuando comenzara la crisis financiera global que repercutió en el país.

Desde el último superávit fiscal registrado en 2007, los intereses no han dejado de subir. Actualmente, el país paga en intereses un 137.0% más que en América Latina, donde la media del pago respecto al ingreso tributario permaneciera en 17.6% a 2019, dice el informe.

República Dominicana es el tercer país de la región que paga por encima de esta media, siendo solo superado por Costa Rica y Argentina. Ya el Presupuesto de este año contempla un 24.5% a pagar, y CREES estima que para diciembre aumentará al menos 0.2% más.

En lo que respecta al servicio de la deuda del Gobierno Central como porcentaje al ingreso generado a través de la recaudación de impuestos, este presentó un alza del 27.7% respecto a 2000, encontrándose en 48.9% al término del pasado año. Estipulan que el Gobierno Central dedicará un 44.0% a la deuda, establecido ya en el Presupuesto Nacional.

Ante esta situación de deterioro en la sostenibilidad fiscal, CREES sugirió la creación de una normativa que delimite el uso dado por los funcionarios públicos pagados por los contribuyentes, siendo los ingresos tributarios el único método de financiamiento que permite al país saldar sus cuentas sin comprometer al estado con más préstamos extranjeros, y sin generar más inflación.

Recuerda que sometió hace más de seis años un proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para colaborar con este propósito, pero el mismo no ha tenido respuesta aún por parte del Congreso Nacional.

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