“El caso más importante del siglo”: Cerca de 6.000 indígenas se movilizan hasta Brasilia por un juicio crucial para el futuro de sus tierras

“El caso más importante del siglo”: Cerca de 6.000 indígenas se movilizan hasta Brasilia por un juicio crucial para el futuro de sus tierras

La Corte decidirá sobre un caso en Santa Catarina, pero al ser vinculante definirá el destino de más de 300 tierras indígenas que están en proceso de demarcación.

Cerca de 6.000 indígenas de 170 pueblos se han movilizado hasta Brasilia para protestar por un polémico juicio que analiza la Corte Suprema y que podría tener un impacto directo en los derechos de sus tierras ancestrales. 

Desde el pasado domingo y hasta el 28 de agosto, cientos de tiendas de campaña protegidas del sol con lonas de plástico forman el campamento ‘Lucha por la vida’ levantado en la Plaza de la Ciudadania, a dos kilómetros del Congreso Nacional. 

Allí, los indígenas, ataviados con sus atuendos tradicionales, se reúnen, debaten, comparten sus vivencias y aguardan la resolución de este histórico proceso, considerado por ellos como “el más importante del siglo”, y que tendrá efecto vinculante, por lo que definirá el destino de más de 300 tierras indígenas que están en proceso de demarcación.

“La decisión final servirá de directriz para el Gobierno federal y todas las instancias del sistema de justicia brasileño, así como una referencia para todos los procesos, trámites administrativos y proyectos legislativos en materia indígena y procesos de demarcación de tierras”, señala la Articulación de Pueblos Indígenas (APIB).

El histórico caso

Concretamente, la Corte Suprema debe determinará la validez jurídica de la Tierra Indígena Ibirama La-Klãnõ, en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil, donde viven los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraníes.

El tribunal evaluará si estos pueblos deben o no incorporarse a zonas reclamadas por el gobierno de Santa Catarina y por propietarios rurales, que defienden el llamado “marco temporal”.

Este criterio jurídico establece que las tierras indígenas son aquellas ocupadas por los pueblos tradicionales el 5 de octubre de 1988 –fecha de la Constitución–, por lo tanto, se les exige una prueba de propiedad.

Los indígenas –unos 900.000, un 0,5 % de la población, mientras que sus reservas ocupan el 13 % del territorio nacional– no están de acuerdo con el “marco temporal” porque, entre otras cosas, alegan que fueron expulsados por la fuerza de sus territorios antes de esa fecha, durante la dictadura militar (1964-1985). 

“La tesis del ‘marco temporal’ ha sido utilizada por el Gobierno Federal para reconsiderar las demarcaciones de tierras indígenas e incluso suspenderlas”, comenta a RT Tito Menezes, asesor jurídico de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB).

Menezes reitera que el “marco temporal” restringe los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras. “De hecho, ya está siendo aplicado en Brasil y las consecuencias son desastrosas. Varios pueblos lo están sintiendo en su propia piel”, destaca. 

Con carteles en los que se podía leer “tierras protegidas” o “no al marco temporal”, los indígenas llevaron a cabo el miércoles una marcha pacifica coincidiendo con el inicio de la primera audiencia de la Corte Suprema, que finalmente no tuvo lugar porque los once jueces del tribunal no terminaron con otro caso que tenían en su agenda.

Se trata de la cuarta vez en dos meses que el proceso es aplazado. Está previsto que el caso se retome este jueves, pero todo depende de la agenda de los magistrados. 

“La Corte Suprema dio prioridad a otros dos procesos, uno de ellos relaciones con el Banco Central. Existe una esperanza de que el caso del marco temporal comience este jueves, pero difícilmente el tribunal podrá llegar a una conclusión hoy”, subraya el asesor de la COIAB.

De la misma forma que el pasado mes de junio, cuando también acamparon en Brasilia, los indígenas protestan contra un controvertido proyecto de ley –el PL490– que incluye el polémico “marco temporal”, y que busca alterar las reglas para demarcar las tierras, además de amenazar a los grupos aislados.  

En junio, en medio de una fuerte polémica, que terminó con la Policía reprimiendo una manifestación pacífica que dejó varios heridos, una Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de los Diputados aprobó el proyecto. Sin embargo, al texto le queda todavía un largo recorrido, en el que deberá pasar por el plenario de la Cámara de Diputados y el Senado.

Todo esto ocurre cuando prosperan en el Congreso varias iniciativas legislativas de enorme interés para la “bancada ruralista”, grupo de parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio y cuyo apoyo fue fundamental en la llegada al poder del presidente, Jair Bolsonaro.

Esta propuestas buscan flexibilizar la regularización de tierras ilegalmente ocupadas, y podrían redundar en un aumento de la devastación de la mayor selva tropical del planeta y agudizar los conflictos crónicos en la zona.

Las organizaciones medioambientales atribuyen el aumento de la deforestación y de los incendios a las políticas incentivadas por Bolsonaro, que apuesta por la expansión de las actividades económicas en la región, en especial las agropecuarias.

Según el Instituto Amazónico del Hombre y el Medio Ambiente (Imazon), desde agosto de 2020 hasta julio de 2021, la Amazonía brasileña perdió 10.476 kilómetros cuadrados de bosques, la tasa anual más alta registrada desde 2012.

Marta Miera

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