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La relación entre Hunter Biden y un empresario rumano que intentaba «influir» en el Gobierno de EE.UU.

Publicado el agosto 8, 2024

La relación entre Hunter Biden y un empresario rumano que intentaba «influir» en el Gobierno de EE.UU.

El magnate rumano fue sentenciado a siete años de prisión en 2017 tras ser declarado culpable de fraude inmobiliario.
 
Hunter Biden fue contratado por un empresario rumano acusado de corrupción que intentaba «influir en la política del Gobierno estadounidense» durante el mandato de su padre Joe Biden como vicepresidente.
 
Así lo denunciaron este miércoles los fiscales en el marco de un juicio fiscal contra el hijo del mandatario estadounidense que comenzará el próximo mes.
 
Según los documentos judiciales, a los que tuvo acceso AP, el equipo del fiscal especial David Weiss planea presentar pruebas de que Hunter Biden y su socio comercial «recibieron una compensación de un director extranjero que intentaba influir en la política y la opinión pública de Estados Unidos», en relación al ejecutivo rumano Gabriel Popoviciu.
 
Acuerdos turbios
 
De acuerdo con el expediente, Popoviciu quería que las agencias del Gobierno estadounidense investigaran la pesquisa de soborno, por parte de las autoridades rumanas, en contra suya con la esperanza de que eso pusiera fin a sus problemas legales.

En la mira de la Justicia

Las acusaciones se dan meses después de que Hunter Biden fuera declarado culpable de tres cargos. 

Dos de ellos corresponden a la acusación de que, al comprar un revólver Colt Cobra en octubre de 2018, supuestamente presentó un formulario en el que aseguró que no estaba consumiendo drogas ilegales.

El tercer cargo indica que estaba en posesión de un arma de fuego mientras consumía narcóticos.

Según la acusación y los documentos judiciales, Hunter tuvo el arma en su poder durante 11 días, antes de que su novia la tirara a un contenedor de basura porque estaba preocupada por su salud mental.

Hunter Biden puede enfrentar una pena máxima de 25 años en prisión, mientras que cada cargo conlleva además una multa máxima de 250.000 dólares. 

No obstante, los expertos destacan que las personas que no tienen antecedentes penales no suelen recibir la pena máxima.

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