¿Golpista y magnicida? El Supremo de Brasil decidirá el futuro de Bolsonaro
El exmandatario se enfrenta a cinco cargos graves, entre los cuales se incluyen el intento de golpe de Estado de 2023 y un presunto plan para asesinar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Este martes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) evaluará si acepta o desestima estos cinco cargos por los cuales la Procuraduría General del país busca llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas, vinculadas a una serie de delitos graves, que abarcan el fallido intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Lula da Silva.
Bolsonaro, representante de la ultraderecha, rechaza las acusaciones, alegando que es víctima de una persecución política, y ha sido identificado como uno de los principales conspiradores en esta intentona, al haber instigado y llevado a cabo actos golpistas el 8 de enero de 2023 «contra los tres poderes y el Estado democrático de derecho», tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.
A mediados de febrero, el fiscal general Paulo Gonet Branco reveló que, además de Bolsonaro, entre los acusados como «líderes» del golpe se encuentran su exvicepresidente, Walter Braga Netto, y otros miembros de lo que el ente acusador califica como «una organización criminal».
De esta forma, el STF deberá pronunciarse sobre la aceptación o no de las imputaciones presentadas contra Bolsonaro y otros 33 implicados, en relación con cinco delitos graves:
1. Liderazgo de una organización criminal armada.
2. Intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho.
3. Golpe de Estado.
4. Daño calificado por violencia y amenaza grave contra el patrimonio del sindicato.
5. Deterioro del patrimonio catalogado.
En su momento, la Procuraduría explicó que estas acusaciones se fundamentan en «manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático», además de describir con detalle el complot conspirativo diseñado y ejecutado en contra de las instituciones democráticas.
Según el fiscal Gonet, la organización criminal presuntamente liderada por Bolsonaro comenzó sus acciones contra el Estado de derecho y el orden democrático brasileño en 2021, cuando empezaron a propagar noticias falsas y opiniones con el fin de desacreditar el sistema de votación electrónica del país.
Esta situación se intensificó después de las elecciones presidenciales, cuando el extremista de derecha intentó, mediante un complot, desconocer y anular la victoria de Lula.
Plan Magnicida
El fiscal ha declarado que el esquema elaborado por Bolsonaro y sus supuestos cómplices incluía una estrategia para envenenar a Lula y asesinar al juez del STF, Alexandre de Moraes.
Además, se contemplaba la «neutralización» de la Suprema Corte de Justicia, todo ello como parte de las maniobras destinadas a mantener en el poder al entonces mandatario ultraconservador.
Entre las evidencias presentadas por el fiscal se encuentran grabaciones de finales de 2022, donde el entonces secretario ejecutivo de la Presidencia, Mauro Fernandes, afirma que Bolsonaro le había dado el visto bueno para eliminar a Lula con el propósito de evitar su ascenso al Gobierno.
Los audios, agregó el fiscal Gonet, «no dejan lugar a dudas» de que la «acción violenta [el atentado contra Lula]» fue conocida y autorizada por Bolsonaro, quien esperaba su ejecución para diciembre de 2022.
«Las investigaciones han revelado la operación destinada a llevar a cabo un golpe de Estado, que incluso incluía la aprobación de la muerte del presidente electo, el vicepresidente de la República y un ministro del Supremo Tribunal Federal.
Este plan fue avalado por el entonces presidente», añadió la Fiscalía al imputar a los 34 acusados.
¿Qué sucederá ahora?
Si el panel de jueces del STF considera que hay suficientes pruebas para avanzar con el proceso penal contra Bolsonaro y sus aliados, los magistrados podrían ampliar la investigación criminal, lo que implicaría la recopilación de más evidencias, la convocatoria de audiencias e interrogatorios a los implicados.
De lo contrario, el expediente sería archivado.
En caso de que Bolsonaro se convierta en un acusado penal, será responsabilidad tanto de los fiscales como de sus abogados defensores presentar sus argumentos finales.
Estos argumentos serán fundamentales para que el Tribunal Supremo Federal (STF) decida si absuelve o condena al exmandatario y a los demás implicados.
Si el ultraderechista es hallado culpable, la sentencia podría ascender a un mínimo de 12 años de prisión, de acuerdo con lo estipulado por la ley brasileña por el delito de golpe de Estado.
No obstante, la situación de Bolsonaro podría agravarse si la justicia determina que también es culpable de los otros cuatro delitos graves que la Fiscalía le imputa.
En tal circunstancia, su condena podría ser aún mayor, lo que significaría que pasaría décadas tras las rejas.
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