Alivio fiscal y tensi贸n pol铆tica: El costo de bajar Ganancias a empresas y el impacto en las cajas provinciales 
En un contexto de reordenamiento tributario, el Gobierno Nacional ha avanzado con una propuesta de reducci贸n en las al铆cuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Esta medida, incluida en el paquete de modernizaci贸n laboral enviado al Senado, busca incentivar la inversi贸n privada mediante una rebaja progresiva: para los tramos superiores, la al铆cuota pasar铆a del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Si bien el sector empresarial celebra el alivio, la medida ha encendido las alarmas en el tablero pol铆tico debido al fuerte impacto que tendr谩 sobre la masa coparticipable.
El costo fiscal directo de esta reforma se estima en un 0,22% del PBI, lo que equivale a unos 1,9 billones de pesos anuales. El dato cr铆tico para el equilibrio federal es que este sacrificio recaudatorio no recae 煤nicamente sobre las arcas nacionales; al ser Ganancias un impuesto coparticipable, casi el 60% del costo ser谩 absorbido por las provincias y la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires (CABA). En t茅rminos nominales, mientras la Naci贸n dejar谩 de percibir unos $790.000 millones, el conjunto de los distritos del interior enfrentar谩 una p茅rdida de $1,12 billones.
Para los gobernadores, esta merma de ingresos llega en un momento de extrema fragilidad financiera. La ca铆da del nivel de actividad econ贸mica ya ha golpeado la recaudaci贸n de impuestos locales, como Ingresos Brutos, y la transferencia de fondos no autom谩ticos (ATN) se mantiene en niveles m铆nimos. El informe del Instituto Argentino de An谩lisis Fiscal (Iaraf) detalla que la p茅rdida de recursos ser谩 proporcional al coeficiente de coparticipaci贸n de cada provincia, afectando con mayor dureza a los distritos con mayores necesidades de financiamiento estatal.
En el desglose por provincia, los n煤meros son elocuentes: Buenos Aires encabeza la lista con una p茅rdida estimada de $242.410 millones, seguida por Santa Fe con $103.020 millones y C贸rdoba con $100.280 millones. Incluso provincias con menor peso poblacional sentir谩n el impacto; por ejemplo, Chaco y Tucum谩n ver谩n reducidos sus ingresos en $55.080 millones y $52.120 millones respectivamente. En el extremo sur, Tierra del Fuego registrar铆a la menor p茅rdida nominal con $13.398 millones, aunque el peso relativo sobre su presupuesto sigue siendo significativo.
La estrategia del presidente Javier Milei apunta a que la baja de impuestos genere un c铆rculo virtuoso de mayor actividad que, eventualmente, compense la p茅rdida inicial. Sin embargo, los gobernadores 芦dialoguistas禄 sostienen que sus cajas no pueden soportar el 芦mientras tanto禄. El debate en el Senado promete ser intenso, ya que los representantes provinciales buscar谩n mecanismos de compensaci贸n o modificaciones en el reparto de otros tributos para evitar un descalce financiero que ponga en riesgo el pago de salarios o la obra p煤blica local.
Un dato relevante que surge del an谩lisis tributario es la alta concentraci贸n de la recaudaci贸n: apenas 144 grandes sociedades (el 0,1% del total) representan el 56% de lo recaudado por este impuesto. Esto implica que la rebaja beneficia de manera muy marcada a un grupo reducido de empresas de gran envergadura. Para el Gobierno, esto es clave para fomentar la reinversi贸n de utilidades; para los cr铆ticos, es una transferencia de recursos desde las provincias hacia el sector corporativo m谩s concentrado del pa铆s.
Adem谩s de la baja de al铆cuotas, el proyecto incluye otros cambios impositivos, como la exenci贸n de Ganancias para alquileres destinados a casa-habitaci贸n. Aunque estas medidas son bien vistas por la clase media, se suman al 芦hueco禄 fiscal que deben cubrir los mandatarios provinciales. La tensi贸n se traslada ahora a la negociaci贸n por el Presupuesto 2026, donde los gobernadores intentar谩n condicionar su apoyo a la reforma laboral a cambio de una mayor previsibilidad en el env铆o de fondos o la reactivaci贸n de partidas discrecionales.
Finalmente, el 2025 cierra con una paradoja tributaria: el camino hacia una presi贸n impositiva menor, que es el objetivo de fondo de la administraci贸n central, choca frontalmente con la necesidad de sostenibilidad fiscal de los estados provinciales. El 茅xito de la medida depender谩 de qu茅 tan r谩pido reaccione la inversi贸n privada para compensar el bache de 1,9 billones de pesos. Mientras tanto, los gobernadores sacan cuentas y se preparan para una batalla legislativa donde cada punto de coparticipaci贸n se defender谩 como un recurso existencial para su gesti贸n.
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