🇦🇷 Alivio fiscal y tensión política: El costo de bajar Ganancias a empresas y el impacto en las cajas provinciales 📉

Alivio fiscal y tensión política: El costo de bajar Ganancias a empresas y el impacto en las cajas provinciales

En un contexto de reordenamiento tributario, el Gobierno Nacional ha avanzado con una propuesta de reducción en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Esta medida, incluida en el paquete de modernización laboral enviado al Senado, busca incentivar la inversión privada mediante una rebaja progresiva: para los tramos superiores, la alícuota pasaría del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Si bien el sector empresarial celebra el alivio, la medida ha encendido las alarmas en el tablero político debido al fuerte impacto que tendrá sobre la masa coparticipable.

El costo fiscal directo de esta reforma se estima en un 0,22% del PBI, lo que equivale a unos 1,9 billones de pesos anuales. El dato crítico para el equilibrio federal es que este sacrificio recaudatorio no recae únicamente sobre las arcas nacionales; al ser Ganancias un impuesto coparticipable, casi el 60% del costo será absorbido por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En términos nominales, mientras la Nación dejará de percibir unos $790.000 millones, el conjunto de los distritos del interior enfrentará una pérdida de $1,12 billones.

Para los gobernadores, esta merma de ingresos llega en un momento de extrema fragilidad financiera. La caída del nivel de actividad económica ya ha golpeado la recaudación de impuestos locales, como Ingresos Brutos, y la transferencia de fondos no automáticos (ATN) se mantiene en niveles mínimos. El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) detalla que la pérdida de recursos será proporcional al coeficiente de coparticipación de cada provincia, afectando con mayor dureza a los distritos con mayores necesidades de financiamiento estatal.

En el desglose por provincia, los números son elocuentes: Buenos Aires encabeza la lista con una pérdida estimada de $242.410 millones, seguida por Santa Fe con $103.020 millones y Córdoba con $100.280 millones. Incluso provincias con menor peso poblacional sentirán el impacto; por ejemplo, Chaco y Tucumán verán reducidos sus ingresos en $55.080 millones y $52.120 millones respectivamente. En el extremo sur, Tierra del Fuego registraría la menor pérdida nominal con $13.398 millones, aunque el peso relativo sobre su presupuesto sigue siendo significativo.

La estrategia del presidente Javier Milei apunta a que la baja de impuestos genere un círculo virtuoso de mayor actividad que, eventualmente, compense la pérdida inicial. Sin embargo, los gobernadores «dialoguistas» sostienen que sus cajas no pueden soportar el «mientras tanto». El debate en el Senado promete ser intenso, ya que los representantes provinciales buscarán mecanismos de compensación o modificaciones en el reparto de otros tributos para evitar un descalce financiero que ponga en riesgo el pago de salarios o la obra pública local.

Un dato relevante que surge del análisis tributario es la alta concentración de la recaudación: apenas 144 grandes sociedades (el 0,1% del total) representan el 56% de lo recaudado por este impuesto. Esto implica que la rebaja beneficia de manera muy marcada a un grupo reducido de empresas de gran envergadura. Para el Gobierno, esto es clave para fomentar la reinversión de utilidades; para los críticos, es una transferencia de recursos desde las provincias hacia el sector corporativo más concentrado del país.

Además de la baja de alícuotas, el proyecto incluye otros cambios impositivos, como la exención de Ganancias para alquileres destinados a casa-habitación. Aunque estas medidas son bien vistas por la clase media, se suman al «hueco» fiscal que deben cubrir los mandatarios provinciales. La tensión se traslada ahora a la negociación por el Presupuesto 2026, donde los gobernadores intentarán condicionar su apoyo a la reforma laboral a cambio de una mayor previsibilidad en el envío de fondos o la reactivación de partidas discrecionales.

Finalmente, el 2025 cierra con una paradoja tributaria: el camino hacia una presión impositiva menor, que es el objetivo de fondo de la administración central, choca frontalmente con la necesidad de sostenibilidad fiscal de los estados provinciales. El éxito de la medida dependerá de qué tan rápido reaccione la inversión privada para compensar el bache de 1,9 billones de pesos. Mientras tanto, los gobernadores sacan cuentas y se preparan para una batalla legislativa donde cada punto de coparticipación se defenderá como un recurso existencial para su gestión.

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